Trevor Phillips, presidente de dicha comisión, ha propuesto al Ejecutivo británico la aprobación de una nueva Ley para la Igualdad, que incluiría todas las disposiciones contra la discriminación laboral por razón de discapacidad, edad, raza, sexo, orientación sexual o creencias religiosas que ahora están dispersas en distintas leyes, y de la que se podría presentar un proyecto durante el próximo año parlamentario.

Dicha legislación otorgaría poderes a la EHRC para realizar inspecciones para verificar si las empresas respetan la normativa contra la discriminación, y si los organismos públicos subcontratan a compañías que cumplen sus obligaciones en materia de integración laboral de los colectivos más vulnerables.

También requeriría a las empresas y organismos públicos la presentación de auditorías anuales para la igualdad, en las que tendrían que plasmar el número de empleados de los grupos más desfavorecidos que contratan, y que la EHRC utilizaría para elaborar clasificaciones sobre sus resultados.

Asimismo, la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos y el Gobierno del Reino Unido se proponen elaborar documentación informativa que facilite la aplicación de la nueva legislación contra la discriminación laboral a los responsables empresariales, que actualmente se enfrentan a numerosas dificultades debido a la complejidad de esta materia.

Sin embargo, el Centro para la Cohesión Social del Reino Unido -grupo de expertos que promueve la tolerancia, y la cohesión entre los diversos grupos raciales y religiosos que conviven en el país- sostiene que estas medidas incrementarán la burocracia y que su aplicación tendrá un elevado coste.