La Junta de Extremadura formuló esta petición el pasado 8 de febrero y fue respaldada por la Asamblea de Extremadura en el pleno celebrado el día 23, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La solicitud tiene como finalidad la constitución de los grupos de trabajo y el inicio de las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la disposición adicional segunda del Estatuto extremeño.

Esta deuda con la región ya había sido reconocida por el Estado, como prueba el hecho de que en 1997 efectuó un pago de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) como anticipo a cuenta por este concepto, señala el Ejecutivo extremeño.

La citada disposición adicional segunda dice:

"1. Mientras las circunstancias socioeconómicas de Extremadura impidan la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo, entendiéndose por tal el nivel medio de los mismos en el territorio nacional.

2. Los criterios, alcance y cuantía de dichas asignaciones excepcionales se fijarán con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas."