Según la CLI, la ley aprobada en la Cámara Alta la pasada semana no satisface las expecativas que había despertado, aunque reconocen que supone un avance "respecto a una ya insoportable situación de alegalidad que había propiciado abusos" mediante el uso de datos personales en procesos informáticos.

Entre los aspectos negativos que contiene el texto legislativo, según la comisión extraparlamentaria, figuran algunas medidas que pueden afectar al correcto funcionamiento de un Estado democrático de derecho, sobre todo en lo que se refiere a la disponibilidad de ficheros informáticos con daos personales de los ciudadanos por parte de algunas organismos administrativos.

Entre los datos de los ciudadanos que, según la ley, podrán exigir las fuerzas de orden público para incluirlos en ficheros figura la ideología, la religión, raza, salud y vida sexual, lo que en opinión de la CLI, "deja una puerta abierta a prácticas impropias de un régimen de libertades".

Asimismo, esas organizaciones critican que a pesar de crearse una Agencia de Protección de Datos, su eficacia quede limitada por a posibilidad de que el Gobierno sea el encargado de nombrar o cesar al máximo responsable de ese organismo, sin tener que consultar con el Parlamento, o que la constitución de un consejo consultivo dentro de la agencia dependa del color del Gobierno de turno, afirman.

Para evitar el mal uso de la ley por parte del Estado, la CLI tiene previsto promover un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la ley por entender que no se cumple su cometido de limitar el uso de la informática.

on ese fin, tiene previsto mantener en las próximas semanas reuniones con el Defensor del Pueblo, los grupos parlamentarios y los órganos ejecutivos y legislativos de las comunidades autónomas; junto a una campaña de información a los ciudadanos sobre los verdaderos efectos que puede tener la ley.