Tras la celebración de una jornada de trabajo hoy en Madrid, los miembros de la comisión decidieron solicitar al Gobierno la inclusión en la ley de un nuevo capítulo que tipifique los "delitos relativos al tratamiento automatizado de datos de carácter personal", para que "complete la ley en el terreno penal, cubriendo todo el ciclo de vida del tratamiento de dichos datos".

Rafael Fernández Calvo, representante de la Asociación de Técnicos de Infrmática (ATI) en la comisión, insistió, en declaraciones a Servimedia, sobre la urgencia de transmitir a las comisiones autónomicas un análisis que permita descubrir las situaciones de "abuso y desprotección de todos conocidas".

Por su parte, la senadora del Partido Popular Rosa Vindel, invitada a la reunión, declaró que su partido estudia presentar en las próximas semanas un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, "especialmente en lo referente al artículo 20 y las actuaciones indiscriminadas e la policía".

"No se puede permitir que las fuerzas de seguridad del Estado dispongan de datos de tu ideología, tu religión e incluso tu vida sexual", dijo, "sin que ni siquiera exista intervención judicial".

Por otra parte, los participantes reiteraron el rechazo a la restricción del acceso de los ciudadanos, recogida en el artículo 22.1 de la LORTAD, a los datos que de ellos disponen las diferentes administraciones públicas.

Luis Otero, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos APDH) en la CLI, afirmó que "desconocemos los datos que tienen las empresas y las administraciones. Se descubren casos de tráfico e incluso negocios con datos personales, pero nos consta que existen muchos más de los que salen a la luz".

Los miembros de la comisión consideraron positiva, por contra, la inclusión en la ley de la regulación de los ficheros de datos personales en manos de empresas y entidades respecto a los que los ciudadanos tendrán de derecho de acceso, rectificación o cancelación sobr estas informaciones.

En la jornada participaron, además de representantes de UGT, CCOO, Jueces para la Democracia y asociaciones pro derechos humanos y ciudadanas, los responsables de las comisiones autonómicas de Cataluña, Miquel Sarries; Euskadi, Peyo Ayerbe, y Comunidad Valenciana, Pedro Blesa.