MADRID

LA COMISIÓN DE LIBERTADES E INFORMÁTICA DENUNCIA QUE EL NUEVO ABONO TRANSPORTE AMENAZA EL DERECHO A LA INTIMIDAD

MADRID
SERVIMEDIA

El presidente de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), Antonio Farriols, dijo hoy que la tecnología de identificadores de radiofrecuencia que la Comunidad de Madrid pretende emplear en los nuevos títulos de transportes puede afectar al derecho a la intimidad de los usuarios.

Farriols manifestó a Servimedia que hoy mismo ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid que intervenga ante la Consejería de Transportes e Infraestructuras para impedir que los títulos de transporte incorporen esta tecnología, "ya que no existe normativa al respecto y eso implica una vulneración de las formas democráticas".

El presidente de CLI denuncia que la consejera de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, María Dolores de Cospedal, pretende sacar adelante esta tecnología sin una consulta y un sometimiento previo al dictamen de la Agencia de Protección de Datos.

Los dispositivos de identificadores de radiofrecuencia surgieron como una mejora sobre los actuales códigos de barras y para posibilitar un seguimiento de los alimentos y demás objetos a la venta en los supermercados. Pero desde CLI consideran que los llamados "chips espía" pueden vulnerar datos de carácter personal, si sus potenciales portadores no conocen ni consienten su existencia y finalidad.

Farriols señala que, ante la implantación generalizada de identificadores por radiofrecuencia en materia de protección de datos de carácter personal, "ya informamos hace un año a la Comisión Europea de los graves riesgos que conllevaría un uso ilícito de los identificadores por radiofrecuencia, y de la necesidad de crear una directiva sobre esta materia, pero parece que no les es prioritario".

El presidente de CLI no comprende que la UE no atienda esta solicitud porque "en algunos estados norteamericanos, como California, ya disponen de una normativa específica para estos chips".

En este sentido, Farriols considera que "al no disponer de las necesarias garantías y reglamentación, el control del servicio se puede convertir en control de la persona".

La Comisión de Libertades e Informática es una institución dedicada a la protección de los derechos de las personas frente a las nuevas tecnologías de la información, y a ella están adheridas organizaciones como CCOO, UGT, UCE y la Asociación Pro Derechos Humanos.

(SERVIMEDIA)
11 Dic 2006
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