Los tres miembros de la presidencia colegiada de la LI consideran que esta ley vulnera el espíritu y la letra de la Constitución, al establecer en su artículo seis que los datos sobre raza, religión y vida sexual podrán ser recabados y tratados automáticamente "cuando así lo dispusiere una ley o medie consentimiento por escrito del afectado".

En opinión de la CLI, esta disposición conculca el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho al honor y la intimidad personal y establece que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología,religión o creencias"

Para los representantes de la CLI, la ley tampoco garantiza la privacidad de ficheros informáticos como el de Penados y Rebeldes, además de permitir la recogida de datos personales, sin consentimiento del afectado, por razones de seguridad del Estado o de la Defensa.

Piden también que el Comisario de Protección de Datos previsto en la norma no sea elegido por el Gobierno y que se fijen sanciones penales y civiles para los infractores y no únicamente civiles.

En la CLI prticipan diversas organizaciones sociales, como la Asociación Pro-Derechos Humanos (APDH), Jueces para la Democracia, la Asociación Española de Informática, y los sindicatos UGT y CCOO. La presidencia colegiada está formada por Luis Otero, representante de la APDH; Rafael Fernández Calvo, de la Asociación de Técnicos de Informática; y Antonio Farriols, de UGT.

Los miembros de esta presidencia anunciaron que, si el Gobierno no modifica el anteproyecto, pedirán a los grupos parlamentarios que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. De momento, la CLI ultima un informe jurídico que entregará a los ministerios que participaron en la elaboración del anteproyecto (Justicia, Relaciones con las Cortes y Administraciones Públicas).

CONSULTA A LOS CONSUMIDORES

Por otra parte, el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, ha convocado mañana a las siete organizaciones de consumidores de ámbito estatal para conocer sus puntos de vista sobre el anteproyecto.

Las asociaciones convocadas son la UCE, FEDACU, FUCI, UNAE, ASGECO, FECU y OCU. Fuentes de esta última organización consultadas por Servimedia indicaron que también es su criterio que el Comisario de Protección de Datos debe ser independiente del Gobierno.