En la primera reunión, los miembros de la comisión fijarán el calendario de trabajo y los plazos para la pesentación de solicitudes de informes y comparecencias.

La comisión, que estará encabezada por el presidente de la Comisión de Industria, el socialista José Félix Sáenz Lorenzo, y desarrollará sus pesquisas a puerta cerrada, estará formada por un diputado de cada grupo parlamentario y actuará con voto ponderado (según la representación de cada fuerza politica).

La proposición no de ley del PSOE que crea esta comisión establece que los investigadores centrarán su trabajo en "el diseño y elaboració del proyecto jurídico-financiero (de la compraventa)".

También analizarán "la actuación de los directivos de Renfe y Equidesa, así como la de cualesquiera otras autoridades o funcionarios que hayan intervenido en nombre o por cuenta de la Administración".

La proposición fija el 28 de enero de 1992 como fecha tope para que la comisión entregue sus conclusiones al presidente del Congreso, con los votos particulares si los hubiere. También habilita el mes de enero -oficialmente de periodo vacaciona- para continuar sus trabajos.

INDUDABLE LEGITIMIDAD

Esta es la primera comisión de investigación que crea el Congreso, pese a las numerosas peticiones de la oposición. El que será portavoz del PSOE en la comisión sobre Renfe, el diputado Jenaro García-Arreciado, explicó hace unas semanas que su grupo no había accedido a constituir antes un órgano de este tipo "porque las razones no eran suficientemente sólidas y solventes".

En esta ocasión, precisó, "se ha instalado en la sociedad una cierta snsación de sombra sobre las actuaciones de este Gobierno".

En su comparecencia ante la comisión de Industria el pasado día 4, el ministro de Sanidad y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde, pidió la creación de esta comisión para demostrar que la compra de terrenos en San Sebastián de los Reyes fue "transparente" y de "indudable legitimidad".

El ministro recalcó que aquella operación inmobiliaria sólo perseguía satisfacer un "interés público": extender la red ferroviaria de cercanías a ls municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

El Grupo Popular no ha conseguido que prosperara su proposición no de ley para que la comisión de investigación estudiara todas las compraventas de terrenos realizadas por Renfe desde 1987, año de entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.