En lo único que coinciden los grupos políticos integrates de la comisión es precisamente en que, a pesar de todas las comparecencias, la documentación estudiada y el tiempo invertido, no ha sido posible desentrañar qué fue de la subvención.

El PP consiguió que se aprobara hoy el dictamen final -votado favorablemente sólo por los procuradores populares y con el voto en contra de los de PSOE, CDS e IU-, que libra de toda responsabilidad política a la Junta de Castilla y León en cuanto al control de la subvención, y tampoco clarificar las posibles responsablidades civiles o penales que pudieran tener los gestores de la empresa, que hace años presentó suspensión de pagos y dejó en el paro a más de 300 trabajadores.

La oposición señaló hoy que presentará un voto particular unánime en el que se exigen responsabilidades políticas, por dejación de funciones, al consejero de Economía, Fernando Bécker, a quien piden la dimisión.

El procurador socialista Zenón Jiménez Ridruejo aseguró que el dictamen es "cínico, edulcorado y escandaloso" y convierte al Gruo Popular en "cómplice de una presunta prevaricación de la que puede ser culpable la Junta".

Jiménez Ridruejo señaló que "para este viaje no necesitábamos alforjas, y podríamos habernos ahorrado tanto trabajo, tantas comparecencias y tanto tiempo".