La comisión se cierra sin que se haya producido ninguna comparecencia, por falta de acuerdo entre los tres grupos municipales sobre la lista de comparecientes.

En este sentido, el portavoz de IU, Ángel Pérez criticó "la tesis del PP", según la cual tras la "Operación Guateque" sólo hay una "reducida trama de funcionarios corruptos" y por eso los imputados en la investigación judicial son los únicos comparecientes ante la comisión que admitían los populares.

Sin embargo, el PSOE e IU no se opusieron a los comparecientes solicitados por el PP, aunque apoyaban también la comparecencia de los "responsables políticos, técnicos y afectados por las irregularidades urbanísticas", para mejorar "el sistema", añadió Pérez.

Por su parte, el portavoz municipal socialista, David Lucas, acusó al PP de oponerse a la lista de comparecientes propuesta por su grupo, por "miedo" a que pudiesen "llamar a miembros del PP" que han sido denunciados ante el juez, pues intentaban "proteger a muchos compañeros".

Además, Lucas, a diferencia de IU, sí pidió una serie de dimisiones, entre ellas de la la concejala delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, y la de Medio Ambiente en la pasada legislatura y actual concejala delegada de Obras, Paz González.

El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Villanueva, respondió a David Lucas manteniendo que su grupo no tiene nada que ocultar. Por eso, argumentó, el resto de los partidos "han tenido toda la documentación que han pedido" y "en las dependencias municipales ha entrado la Guardia Civil y la Policía Municipal, no para poner bajo sospecha la labor del Gobierno municipal, sino para detener o para incautar información de determinados funcionarios".

Por otra parte, Villanueva propuso una serie de medidas "de garantía del principio de la legalidad", que fueron aprobadas con el único respaldo de su grupo, entre las que destacó la necesidad de que los órganos competentes en materia de gestión de licencias urbanísticas elaboren una memoria anual, cuyo contenido sea aprobado por la Junta de Gobierno.

El documento presentado incluía también la propuesta de reforzar la Inspección General de los servicios, para "garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos"; "la centralización y unificación" de los criterios de la normativa aplicable para la concesión de licencias, y "la promoción de los servicios municipales de disciplina urbanística".

Por otra parte, también presentó cinco medidas dirigidas a "la mejora de la eficacia en la prestación del servicio público", como la incorporación de recursos humanos a los departamentos con competencias en la concesión de licencias y de disciplina urbanística, especialmente en la juntas municipales de distrito y en las área de gobierno de Urbanismo y Vivienda.

Se facilitará al ciudadano el acceso a la información para que "pueda conocer fácil y claramente el procedimiento de concesión de licencias", mediante "el teléfono 010, el informador urbanístico y el programa de asistencia generalizada previsto en todos los distritos".

Propuso también el desarrollo de la gestión telemática a través de la web municipal; la creación de un censo informático de establecimiento de actividad económica y la digitalización de los expedientes.

Además de estas propuestas, también se aprobaron cuatro de los ocho puntos presentados por IU en los que se pedía la elaboración, en el plazo de dos meses, de un Inventario de Procedimientos en Tramitación que determine el estado actual del sistema de gestión de licencias urbanísticas.

Además, los otros tres puntos incluidos pedían la elaboración de un Programa de Actuación, para resolver los expedientes pendientes; la creación de un sistema de atención telemática, para que los interesados puedan consultar en que fase se encuentra su solicitud, y la promulgación de un Código de Buenas Prácticas Administrativas.