Según el letrado, las instituciones democráticas saldrán dañadas de esta decisión, porque el verdadero significado de la disolución es "la abolición definitiva del Senado. Se han cargado la Cámara Alta".

En su opinión, las labres de investigación del Parlamento sobre el 'caso GAL' no interfieren la labor de los tribunales. "Está claro tanto en el Reglamento del Senado como en la Constitución que son totalmente compatibles las comisiones parlamentarias y los procesos judiciales y que las valoraciones políticas de la comisión no tenían que ser vinculantes ni entorpecer para nada las pesquisas de los jueces".

En definitiva, juzgó que "el haber boicoteado esta comisión es un mal camino y un mal paso para el prestigio de las intituciones. Es un error político que a la larga se va a pagar".