El dictamen jurídico, al que tuvo acceso Servimedia, establece que el comisario general de Policía Judicial, Enrique de Federico, y el jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, el general Francisco Fuentes, que hoy prestarán declaración ante la "comisión GAL", están en su derecho de no prestar declaración, acogiéndose a secreto profesional.

El informe señala que esta posibilidad puede ampliarse a aquellos comparecientes que puean ser interrogados por los senadores acerca de cuestiones que afecten a secretos de Estado, como es el caso de las personas que han sido llamadas a declarar y que guardan relación con el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID).

En esta situación podrían encontrarse el ex director general del CESID entre 1981 y 1995, Emilio Alonso Manglano; el ex jefe de la División de Interior de los servicios secretos Santiago Bastos y el jefe de la Agrupación Operativa del CESID entre 1983 y 1991, JuanAlberto Perote.

También existe la posibilidad de que otros comparecientes puedan acogerse al derecho de no declarar, por estar implicados en sumarios judiciales abiertos, como el caso del ex ministro del Interior José Barrionuevo y de los ex policías Francisco Alvarez y Miguel Planchuelo.