El ejecutivo comunitario confía en que este dictamen sirva para que, en el futuro, las autoridades españolas "no impongan requisitos ilegales a las fusiones energéticas transfronterizas", según publicó hoy en su página web.

Según Bruselas, la sentencia de Luxemburgo confirma quela Comisión "puede y deber" seguir supervisando medidas nacionales para asegurar que los Estados miembros no imponen restricciones injustificadas contra las fusiones transfronterizas, que son la capacidad exclusiva de la Comisión.

Agregó que los Estados miembros deben cumplir las decisiones de la Comisión, tales "como la solicitud de que retiren medidas estatales que han sido declaradas ilegales".

Para la Comisión, las condiciones fijadas por España para la opa de E.ON no eran necesarias ni proporcionadas para la protección del interés legítimo público; además, no tendían en cuenta la dimensión "comunitaria" de la operación.

Desde su punto de vista, el fallo del tribunal deja claro que, en contra de lo que las autoridades españolas argumentaron, el hecho de que la oferta pública de E.ON fracasara no significa que la petición de la Comisión haya quedado sin objeto, ni hace que sea imposible de poner en práctica.