El nuevo código de comportamiento entrará en vigor en septiembre y es obra del vicepresidente de la Comisión y responsable de Reforma Administrativa, Neil Kinnok, para quien "el público espera legítimamente un servicio administrativo de calidad y abierto, que funcione correctamente", según "European Voice".

Aunque en un principio se pensó en un plazo de diez días, la reforma obligará a los funcionarios a que contesten sus cartas en un máximo de quince días, por ser el plazo que se considera necesario para atender las preguntas que atañen a más de un departamento o que estén redactadas en un idioma que necesite de traducción. El incumplimiento de la normativa podrá ser motivo de queja al responsable del departamento en cuestión, que deberá contestarla en un mes.

Por otro lado, la ONG Amigos de la Tierra h redactado un comunicado en el que pide más transparencia en la gestión del Banco Europeo de Inversiones (BEI). A pesar de ser una institución pública, denuncia la organización, el BEI sigue funcionando "a puerta cerrada y negando el acceso a los grupos a los que sus proyectos afectan". Amigos de la Tierra aboga por que el banco se dote de un servicio público de consulta, como ya tienen otras instituciones similares.

"Tenemos un estupendo ejemplo en el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrolo de cómo este tipo de servicios pueden funcionar en la práctica", afirma Magda Stoczkiewicz, coordinadora de Bankwatch Network, ONG que facilita información al público sobre las instituciones bancarias y que se ha sumado a la iniciativa de Amigos de la Tierra.