La última versión del texto recomienda la adopción de una directiva sobre responsabilidad medioambiental que contemple los daños a la salud y a la propiedad, así como la contaminación de áreas protegidas y de otro espacios, cuando esté causada por actividades peligrosas reguladas a nivel comunitario.

El Libro Blanco también podría aconsejar que las autoridades no tuvieran que probar que una empresa contaminadora ha incumplido la ley, tan sólo que hubo un vínculo entre sus actividades y el daño causado. Sin embargo, el documento no propondrá que la responsabilidad se aplique de forma retroactiva, ya que "se debería dejar que los Estados miembros gestionaran la polución del pasado", indica.

La propuesta ha evantado ampollas en el sector industrial europeo. Por ejemplo, la organización patronal europea UNICE considera que el régimen dañaría la competitividad de las empresas europeas, al no saber a qué reparaciones pueden enfrentarse, y clama por la adopción de una legislación como la nortemericana, que define los costes precisos de los daños y pone límites a las cantidades que deben pagar las empresas.