Lo hizo en un paquete de propuestas que presentó hoy con el objetivo de actualizar las normas de derecho penal sobre abuso sexual de menores y explotación sexual, un “delito atroz que ha evolucionado considerablemente en los últimos años”.

Estas normas revisadas amplían las definiciones de los delitos e introducen penas más altas y requisitos más concretos en materia de prevención y asistencia a las víctimas. También complementan la propuesta de reglamento presentada por la propia Comisión en 2022, que establece “la obligación de que las empresas de Internet detecten, denuncien y eliminen el material de abuso sexual de menores en sus servicios”.

El Ejecutivo comunitario atestiguó que “la amenaza de abusos es real y se ha agravado en toda la UE”, como lo corrobora que siguen apareciendo manuales de pedofilia en línea y que en 2022 se registraron 1,5 millones de denuncias de abusos sexuales a menores.

Las propuestas de la Comisión incluyen la ampliación de la definición de delitos relacionados con el abuso sexual de menores en los 27, lo que afecta a la transmisión en directo de abusos sexuales de menores, la posesión e intercambio de manuales de pedofilia, los materiales de abuso sexual de menores en forma de ultrafalsificaciones o materiales generados por Inteligencia Artificial (IA).

También fijan un plazo más largo para que las víctimas denuncien los abusos sexuales que hayan sufrido, conceden a éstas el derecho a una compensación económica para hacer frente a los daños a largo plazo que causa esta larga y obligan a los Estados miembros a un establecer mecanismo de coordinación para “hacer el mejor uso posible” de los programas disponibles en materia de prevención y asistencia a las víctimas.

A su vez, la Comisión plantea que los 27 incrementen la inversión en concienciación, especialmente sobre los riesgos en línea, con el objetivo de que Internet “sea más seguro y mejor para los niños y los jóvenes” y pretende que quienes contraten trabajadores para actividades que entrañen un estrecho contacto con menores y las organizaciones que trabajan contra el abuso sexual de menores exijan antecedentes penales de los candidatos al puesto de trabajo en cuestión.

Tras la presentación de la propuesta por parte de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo deberán alcanzar un acuerdo sobre su contenido. En caso de entente, la nueva directiva modificará la actual y entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la UE.