España tiene un mes de plazo para aceptar esta solicitud, de lo contrario, el Ejecutivo comunitario podrá abrir una investigación.

Según ha explicado la Comisión en su comunicado, el régimen de incentivos ofrece a las empresas españolas un crédito fiscal anual del 25% de la cantidad invertida para establecer una sucursal en el extranjero, adquirir una participación sustancial en una empresa extranjera o para explorar o penetrar nuevos mercados, siempre que las inversiones estén vinculadas a la exportación de bienes o servicios desde España.

Además, los incentivos comprenden una desgravación fiscal temporal del 25% de los gastos contraídos para adquirir el control de una sociedad de fuera de la UE, siempre que se trate de un negocio nuevo que no tenga relación alguna con las actividades ejercidas en España.

La Comisión ha considerado que las empresas que invierten o compran empresas en el extranjero obtienen un beneficio fiscal financiado con recursos estatales, que puede distorsionar gravemente la competencia y afecta de forma evidente al comercio ya que lo que se pretende es favorecer a los exportadores españoles.

Para asegurar la derogación efectiva de todos los incentivos, la Comisión pide formalmente a España que acepte una reducción del crédito fiscal del 25% al 12% a partir del 1 de enero de 2007; reducciones anuales del crédito fiscal del 3% hasta su completa eliminación antes del 1 de enero de 2011; y la supresión inmediata de cualquier ayuda a la exportación o subvención que favorezca a los productos nacionales frente a los importados

La Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, confió en que "España cooperará con la Comisión y suprimirá rápidamente estos incentivos tradicionales, que distorsionan gravemente el comercio y la competencia en el mercado único. No vacilaré en actuar en el caso de que España no cumpla plenamente estas recomendaciones", dijo la Comisaria de Competencia Neelie Kroes.