LA COMISION EUROPEA NIEGA QUE UNA SECTA RECIBIERA AYUDAS DE LA UE
- La ayuda financiea estaba destinada a la restauración de un castillo, propiedad de uno de sus líderes y utilizado como oficina central, afirma la comisaria Anita Gradin
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La Comisión Europea ha negado que una secta japonesa, con base en Luxemburgo, recibiera ayuda financiera de la Unión Europea destinada a fines humanitarios. Según ha aclarado la comisaria responsable del Control Financiero y de la Lucha Antifraude, el dinero recibido por la secta Sukyo Mahikari se dirigía a la estauración de un castillo, propiedad de uno de sus líderes y utilizado como oficina central en Europa.
La comisaria Anita Gradin ha asegurado que la Comisión no dispone de ninguna información de que la secta religiosa japonesa Sukyo Mahikari se haya beneficiado de fondos de la Unión Europea destinados a ayuda humanitaria.
Según la comisaria Gradin, la ayuda recibida, 60.000 ecus (9.983.160 millones de pesetas), estaba destinada a la restauración de los jardines del castillo de Ansembourg, de acurdo con un proyecto piloto para la conservación de la herencia arquitectónica europea.
Además, la evaluación de las condiciones de la ayuda, así como la ejecución del trabajo, no han dado señales de ninguna irregularidad, dijo la comisaria Gradin, aunque añadió que el caso está bajo investigación.
La eurodiputada Viviane Reding (PPE) había pedido a la Comisión una explicación por las acusaciones contra la oficina ECHO, realizadas por el periódico belga "Le Soir" el 14 de octubre del pasado año. Ete periódico y la publicación belga "La Lanterne" habían publicado artículos que acusaban a ECHO de estar envuelta en un escándalo de fraude al proporcionar indirectamente ayuda económica a la secta Sukyo Mahikari, clasificada como muy peligrosa.
La secta japonesa posee para sus oficinas administrativas en Europa y Africa las instalaciones del castillo de Ansembourg de Luxemburgo, propiedad de su líder en los dos continentes, el conde Gaston d'Ansembourg.
Por otra parte, la comisaria Anita Gradinha afirmado que la Comisión ha puesto en marcha un sistema para obtener información de los beneficiarios de ayudas antes de que las reciban. Sin embargo, ha apuntado que el Ejecutivo no tiene poder para indagar sistemáticamente sobre los empleados contratados por los beneficiaros y no está capacitada para adoptar una actitud discriminatoria basada en datos personales, como creencias y convicciones.
(SERVIMEDIA)
22 Ene 1999
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