Según anunció hoy la Comisión Europea, esta solución permite a España proteger a sus astilleros militares sin producir "distorsiones indebidas de la competencia en el mercado", después de que en 2004 el organismo comunitario declarara ilegales dos ayudas recibidas por Izar por valor de 864 millones de euros.

España invocó el artículo 296 del Tratado de la CE por el que se permite a los Estados adoptar las medidas que estimen necesarias para la protección de los intereses esenciales de seguridad que se refieran a la producción de material de guerra.

Para poder ampararse en este artículo, Izar se vio obligada a separar sus astilleros civiles y los militares, e integrar a estos últimos en una nueva empresa, a la que denominó Navantia.

El tratado de la Comisión por el que se aprueba esta división tendrá una vigencia de diez años y prevé que las ventas civiles de Navantia no superen el 20% de sus ingresos totales.

Asimismo, exige a los astilleros militares comportarse de acuerdo con las condiciones del mercado y no gozar de ninguna ayuda estatal. Además, el organismo comunitario prohíbe que la plantilla de Navantia supere las 5.562 personas.