El Ejecutivo comunitario ha remitido al Gobierno español un plieg razonado de cargos y, en el caso de no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, llevará el caso al Tribunal de Justicia Europeo.

Entre las restricciones impugnadas por la Comisión Europea figuran el proceso de autorización que aplica la Administración a inversiones procedentes de paises no comunitarios destinadas a sectores del juego, televisión, radio, transporte aéreo, minerales estratégicos, telecomunicaciones y defensa. La objeción de la Comisión Europea se basa en que esos mcanismos de autorización se aplican también a compañías de la Unión Europea controladas por no residentes en la UE.

El Ejecutivo comunitario señala que las restricciones a la inversión extranjera solo es compatible con la legislación comunitaria en virtud de razones de seguridad pública, salud o defensa.