Según informó hoy la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), el proceso se abrió el pasado mes de octubre a raíz de la denuncia presentada por esta organización, "en la que se exponía la grave distorsión de la competencia que perjudica al sector en España".

En este sentido, explicó que las empresas lusas que serán investigdas por Bruselas "están autorizadas por el Ministerio de Transporte portugués", y "encubren a españoles que no pueden reunir los requisitos en España para ejercer legalmente la actividad" y que se establecen el país vecino "sin soportar carga laboral ni fiscal en España".

Además, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, afirmó en una carta enviada a Fenadismer el pasado 14 de febrero que va "tomará contacto" con las autoridades portuguesas competentes para recabar información al repecto.