En diciembre de 1993, el Consejo de Ministros de la UE adoptó el citado reglamento, con el fin de proteger las marcas de manera uniforme en todos los países de la Unión Europea a partir de un único procedimiento de registro ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, con sede en Alicante.

Según el reglamento, los estados miembros debían designar un número limitado de tribunales nacionales como "tribunales de marcas comunitaras" y comunicar a la Comisión sus nombres y su competencia territorial.

Estos "tribunales de marcas comunitarias" de los estados miembros tienen por objeto actuar como tribunales especializados para juzgar asuntos relacionados con la marca comunitaria y garantizar que los titulares de estas marcas disfruten del mismo nivel de protección y seguridad jurídica en toda la UE.

Esta información debería haber sido comunicada a la Comisión en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del reglmento, es decir, el 17 de marzo de 1997, a pesar de lo cual las autoridades españolas e italianas no han comunicado aún las medidas adoptadas con el fin de cumplir esta obligación.