Esta sentencia declaró que España no había adaptado correctamente su ordenamiento jurídico interno a las directivas sobre estas materias en relación con la definición de entidad adjudicadora, la exclusión de los acuerdos de cooperación interadministrativos y el uso del procedimiento negociado en dos casos no previstos por la normativa europea.

La Comisión considera insuficientes o inadecuadas las medidas adoptadas por las autoridades españolas y afirma que el ámbito de aplicación de la legislación española de contratación pública sigue sin ajustarse a las directivas comunitarias.