El plan español avalado por Bruselas es a cuatro años y presenta un escenario de consolidación a siete años al incluir medidas adicionales. Para el cumplimiento de los objetivos, la Comisión ha respaldado la senda de crecimiento medio del gasto primario neto establecida por España del 3,4% para el periodo en vigor del Plan (2025-2028) y del 3% para el periodo a siete años.

En la evaluación de Bruselas sobre el plan fiscal estructural a medio plazo de España, la Comisión sostuvo que la permanencia del impuesto a las entidades de crédito "requiere una evaluación cuidadosa" y llamó a realizar "posibles ajustes para mitigar cualquier efecto secundario adverso".

Así, defendió que la ampliación del impuesto bancario en España "plantea preocupaciones sobre su impacto en las perspectivas de rentabilidad". Además, "es esencial garantizar que la estructura impositiva no penalice a los bancos eficientes, ya que su naturaleza basada en el rendimiento puede socavar su solvencia al limitar las ganancias retenidas".

Por otro lado, la Comisión alertó de que este impuesto "podría afectar desproporcionadamente a las personas con ingresos más bajos", ya que constituyen una proporción mayor de los prestatarios afectados "por el posible aumento de los tipos de interés de los préstamos".

En última instancia, subrayó que "es vital garantizar la igualdad de condiciones en toda la Unión Europea", debido a que si los bancos nacionales se enfrentan a un impuesto extraordinario "al competir con bancos extranjeros sin gravámenes similares pueden encontrarse en desventaja competitiva". Por ello, "sería conveniente una coordinación cuidadosa con otros Estados miembros para evitar distorsiones del mercado y mejorar la eficacia general del impuesto".

La semana pasada, el Gobierno sacó adelante el impuesto a la banca en la Cámara Baja. Con ello, el impuesto a la banca gravará la suma de los ingresos por margen de intereses y comisiones del negocio en España de las entidades. Así, hasta los 750 millones por estos ingresos, el tipo a pagar es del 1%, hasta 1.500 millones es del 3,5%, hasta 3.000 millones es del 4,8%, hasta los 5.000 millones sería del 6% y a partir de dicha cifra, el tipo asciende al máximo, el 7%.

PLAN FISCAL ESPAÑOL

En su plan fiscal, el Gobierno se compromete a que el gasto se sitúe en el 3,7% en 2025, el 3,5% en 2026, el 3,2% en 2027, el 3% tanto en 2028 como en 2029, el 2,5% en 2030 y el 2,4% en 2031. En cuanto a la deuda pública, en 2027 ya bajaría del 100% y se posicionaría en el 98,4% del PIB, para el final de la legislatura. Esta senda permitirá seguir reduciendo de forma continuada el déficit público hasta el 0,8% en 2031.

El llamado Paquete de Otoño del Semestre Europeo presentado por la Comisión incorpora este año la evaluación de los diferentes planes fiscales y estructurales remitidos por los Estados miembros en virtud de las nuevas reglas fiscales.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, celebró que “la Comisión ha vuelto a situar a España en el grupo de buenos alumnos”, de los “Estados miembro que cumplen con las nuevas reglas fiscales europeas, respaldando así la hoja de ruta e inversiones y reformas que sustenta nuestro modelo de crecimiento equilibrado, sostenible y justo”.

“España liderará el crecimiento entre las grandes economías europeas y lo hará de manera equilibrada, protegiendo el Estado del bienestar y las necesarias inversiones a futuro, de manera compatible con nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal”, destacó el ministro.

El plan fiscal estructural ratificado por la Comisión incluye medidas con efectos macroeconómicos y fiscales a medio y largo plazo. Contiene reformas e inversiones aprobadas en el Plan de Recuperación, entre las que figura la reciente reforma fiscal aprobada por el Congreso de los Diputados la semana pasada.

Una vez aprobados los planes a medio plazo, la Comisión controlará si los Estados miembros respetan los compromisos contemplados en esos planes durante todo el período cubierto por el plan. Los Estados miembros presentarán informes anuales de situación para facilitar un control y un cumplimiento efectivos.