Según Vignon, en los próximos 25 años es previsible que el número de personas dependientes aumente en un 40%. Esta población, que incluirá a personas con discapacidad, enfermos crónicos o de larga duración y, sobre todo, mayores de 65 años, "no puede asumir sola los costes que entraña garantizarse su propia independencia y autonomía", dijo.

Por ello, defendió que es necesaria una "regulación pública coherente" que permita a la población dependiente recibir un servicio "personal y personalizado, profesional y de calidad". Un derecho que no se puede garantizar cuando sólo la familia se ocupa de atender a estas personas o, menos aún, cuando se ven recluidas en instituciones donde no pueden decidir sobre su propia vida.

Ambas formas de atención a la dependencia, "privada y pública", han de compatibilizarse, según Vignon. "La Unión Europea ha de promover estrategias de empleo y utilizar el Fondo Social Europeo" para lograr este fin, concluyó.