Según la Plataforma Sierra de Segovia y la Unión Provincial de Comisiones Obreras (CCOO) deAvila, que han mostrado su satisfacción por la decisión de la Comisión, la carta demuestra que la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea ha constatado "claramente la ilegalidad manifiesta de la adjudicación a la empresa Iberpistas de la concesión de las nuevas autopistas a Segovia y Avila".

Estos colectivos presentaron una denuncia el pasado mes de septiembre ante la Comisión por el posible incumplimiento del Derecho Comunitario en relación a dicha adjudicación.

En la carta e emplazamiento que la Comisión ha remitido al Gobierno español este organismo comunitario formula objeciones sobre la adjudicación de determinadas obras en la autopista de peaje A-6, sin haber sido objeto de la debida licitación.

La Comisión considera que la adjudicación de la concesión administrativa para la construcción, conllevó igualmente la adjudicación de determinadas actuaciones no previstas en el anuncio de la concesión ni en los pliegos de cláusulas administrativas.

La carta de la Comisón se refiere en particular a las obras a efectuar en los tramos Valle de los Caídos-San Rafael (incluido un nuevo túnel en Guadarrama), M-50-Villalba y Villalba-Valle de los Caídos, así como a la construcción de una nueva área de peaje en San Rafael y a otras obras, no definidas, a realizar sobre las calzadas existentes, según las organizaciones demandantes.

"Hemos de felicitar a la Comisión Europea por esta iniciativa, que deja meridianamente claro que fue ilegal la adjudicación a Iberpistas, por pate del equipo de Arias-Salgado, de las concesiones de las autopistas de Segovia y Ávila", declaró Carlos Bravo, portavoz de la Plataforma Sierra de Segovia.

Por su parte, Ricardo del Val, secretario general de CCOO de Avila, indicó que "el Partido Popular ha quedado contra las cuerdas por esta importantísima decisión de la Unión Europea, en la que se nos da la razón en cuanto a que el Gobierno ha trabajado exclusivamente en favor del beneficio privado de la empresa Iberpistas y en perjuicio de los intreses generales de abulenses y segovianos".

Estos dos colectivos mantienen que en el proceso de adjudicación de estas obras se "alteró" el "objeto" del concurso, que hubo encubrimiento y falseamiento del "precio", que existió función monopolista de Iberpistas, que hubo fraude del concurso de adjudicación y que se produjo un grave perjuicio para el interés general.