Su objetivo será el enjuiciamiento de conductas irregulares, dolosas o temerarias que se realicen tanto en nombre del partido como aprovechándose de él o de los cargos que se desempeñen en su nombre.

La comisión está integrada por tres militantes: José Ramón Recalde, consejero de Justicia del Gobierno vasc; Augusto Borderas y Tomás Tueros y sus decisiones tendrán plena autonomía, aunque depende orgánicamente de la Comisión Ejecutiva del partido.

Su labor será secreta y no tomará decisiones en cuanto a las personas investigadas, sino que informará a la dirección del partido y será ésta la encargada de determinar las medidas pertinentes. También tiene competencia para emitir dictámenes sobre decisiones del Comité Nacional y de la Comisión Ejecutiva.

Según Recalde, la competencia de la comisión está n entender que el sistema democrático, y dentro de él el sistema de partidos, es un valor ético. Por ello, dijo, "nuestra actuación tendrá que ser aquella que defienda al sistema de partidos, sin que nuestro juicio implique condenas morales o jurídicas".

Otro de los miembros de la comisión, Augusto Borderas, señaló que el nuevo estamento debe actuar con un enorme equilibrio evitando, por una parte, las sospechas de una actuación inquisitorial y, por otra, el intentar tapar las actuaciones de los compaeros del partido.

Su criterio de actuación estará basado en que quien haya sido condenado por los tribunales en sentencia firme sea dado de baja en el partido y que todo procesado sea suspendido de militancia.