El informe aprobado en dicha comisión, que aún deberá recibir el visto bueno del CGPJ en pleno, señala que "gran parte" de los preceptos del anteproyecto "son traslado fiel, casi literal en ocasiones, de los contempleados en las Directivas comunitarias sobre la materia".

Añade que "gran parte de sus previsiones estaban ya incorporadas a nuestro ordenamiento interno, tanto estatal como autonómico", por lo que esta nueva normativa es "una exigencia del Derecho comunitario puesto en relación con el artículo 9.2." de la Constitución Española, que emplaza a los poderes públicos a "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas".

No obstante, el CGPJ advierte de que el texto del anteproyecto "presenta algunas cuestiones que precisan ser reconsideradas, pero no como objeciones estructurales, sino para lograr una mayor precisión y clarificación normativa".