La entidad señaló que en 2023 España empeoró cuatro puntos con respecto al año anterior hasta resolver favorablemente apenas el 12% de la solicitudes (11.163), cuando la media europea se sitúa en el 42%, y rechazar el 40% (35.392) de las totales (88.042). Todo ello, en un contexto internacional en el que “las guerras, la violencia y las amenazas han obligado a huir de sus hogares a 120 millones de personas en el mundo”, según los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En cuanto al perfil de los solicitantes de asilo, el 53% fueron hombres (86.004) y el 47%, mujeres (77.216). Por edad, 24.755 solicitudes pertenecieron a las personas entre 0 y 13 años; 6.674, entre los 14 y 17 años; 77.678, entre los 18 y 34 años; 52.241, entre 35 y 64 años; y 1872, de las personas mayores a los 65 años.

Por ello, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, reprochó la actuación de los Gobiernos internacionales. “Se están traspasando todas las líneas rojas del derecho internacional. El Gobierno español está dando algunos pasos en la buena dirección, pero aún debe seguir dando más para poner fin a este genocidio y que haya una paz justa y duradera, y que se garantice el derecho al retorno, tal y como pedimos en nuestra campaña que hasta la fecha han firmado más de 100 000 personas”, manifestó.

Por su parte, la directora general de CEAR, Mónica López, pidió que el Gobierno cree “una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en la península, que dé respuesta a las, cada vez más frecuentes situaciones de grandes llegadas”, especialmente de las personas procedentes de Senegal.

Entre los problemas del sistema de acogimiento español, Mónica López, destacó “las dificultades para obtener citas para iniciar el procedimiento protección, junto con las limitaciones en los tiempos de estancia en plazas de atención humanitaria, dejan a algunas personas en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social”.

Por otro lado, el informe de CEAR señaló que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo tendrá “consecuencias devastadoras en el derecho de asilo, en el conjunto de los derechos humanos y en la vida de las personas”, ya que “refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras”.

Por último, CEAR propuso 30 medidas centradas en implementar el nuevo Pacto Europeo de Migración de Asilo de manera solidaria y garantista con los derechos de las personas migrantes y refugiadas, garantizar el acceso al procedimiento de asilo o mejorar la calidad del procedimiento de protección internacional en España.

Además, ampliar los supuestos de protección internacional, consolidar y extender el sistema de acogida, realizar un política pública para las emergencias humanitarias, conceder más derechos en una sociedad comprometida con las personas necesitadas de protección internacional y ejecutar una política exterior coherente que combata las causas que generan el desplazamiento forzoso y promueva el derecho al retorno.