En concreto, la Comisión ha decidido recurrir contra España ante el Tribunal de Justicia por el incumplimiento de la directiva sobre grandes instalaciones de combustión, cuyo objeto es reducir la contaminación atmosférica provocada por estas instalaciones estableciendo límites rigurosos a las emisiones de dióxido e azufre y dióxido de nitrógeno.

Asimismo, España ha recibido un apercibimiento final por escrito por no haber dado pleno cumplimiento a las normas referidas a la protección de la capa de ozono.

Sobre distintas normas comunitarias relativas a la calidad del aire la Comisión también ha emprendido acciones judiciales contra otros ocho estados: Bélgica, Italia, Grecia, Portugal, los Países Bajos, Alemania, Luxemburgo y Austria.