Así, el dictamen de la comisión ratificó que la compra de las acciones de Agrovial se hizo en contra de la voluntad política de los redactores de la Ley de Crédito Extraordinario y que la comunidad autónoma pagó un sobreprecio de 1.500 millones de pesetas por la finca "Casa Grande", cedida por el Ejecutivo a la multinacional Genera Electric, para la construcción de un complejo industrial.

También advierte anomalías en las contrataciones de obras, así como en la adjudicación a la empresa privada Anglerconc de la recaudación de tributos.

El informe dado a conocer hoy pone fin a un mes y medio de trabajo de la Comisión de Economía, constituída a raíz de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. La investigación ha incluído una visita a la Dirección General de Carreteras, para buscar expedientes de adjudicació de obras, y 18 comparecencias ante los diputados de ex altos cargos y funcionarios de la comunidad autónoma.

El coordinador de Izquierda Unida y portavoz de su grupo en la Asamblea, Antonio Ríos, dijo hoy a Servimedia que la decisión del grupo parlamentario socialista va dirigida a primar los intereses del partido, evitar el desgaste que viene sufriendo y cerrar filas.

"Es una resolución consensuada por Madrid, para tirar de las orejas al Gobierno y pedirle que se vaya, aunque no de forma escandlosa", agregó Ríos.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero, dijo que la cuenta general de la comunidad autónoma de 1989 es "impresentable", por lo que votará en contra de la misma mañana, martes, día en el que el pleno de la Asamblea hará suyo el dictamen de la Comisión de Economía, con los votos en contra de los partidos de la oposición (PP e IU) y el voto a favor del Grupo Socialista.