Así se desprende del debate parlamentario que tuvo lugar este martes en el Congreso de los Diputados sobre una iniciativa que se votará el jueves, al término de la sesión plenaria de la semana. Aún no se sabe en qué términos, puesto que UP, ERC y EH Bildu presentaron una enmienda para crear una subcomisión o comisión no permanente y, al ser preguntados sobre si la aceptaban, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ponente de la propuesta por parte del PSOE, contestó: “seguiremos negociando”, mientras que la del PNV, Josune Gorospe, dijo que "por ahora no hay nada".

Si el PP y Vox votaran el jueves en contra de la proposición, ambos grupos suman 140 escaños, a los que habría que añadir probablemente los cuatro de JxCat, que también mostró, por otros motivos, su desacuerdo con la iniciativa. A favor ya se han declarado Ciudadanos, el PDeCat y el BNG, que junto a los grupos proponentes aglutinan 150. Por tanto, para que salga adelante la proposición, cosa que daban por hecha fuentes socialistas, hace falta que, o al menos Unidas Podemos y ERC (34 diputados y 13) se abstengan y no voten en contra.

Josune Gorospe presentó la iniciativa prometiendo a las víctimas “trabajar hasta el final hasta que se esclarezcan todos y cada uno de los casos” pese a que ya no se pueda reparar a las víctimas, aunque reconoció que será una investigación difícil por el tema de los hechos y por el tiempo transcurrido. “Esclarecer, reconocer, reparar, proteger y prevenir”, sintetizó los objetivos de la comisión, recordando ejemplos similares en otros países.

Según ella, la fórmula más adecuada es una comisión de expertos que esté “fuera de las diatribas políticas”, y “todos los porqués deben esclarecerse”, así como establecer los mecanismos de reparación y de prevenir que vuelva a ocurrir. No obstante, subrayó que no quiere “una causa general” contra la Iglesia pese a que su jerarquía “no ha estado a la altura” y “tiene que hacer un análisis autocrítico”, participar y “asumir las responsabilidades”.

Además, rechazó la enmienda del PP que proponía investigar otros casos de abusos sexuales como los de niñas en Baleares o la Comunidad Valenciana, señalando que los de la Iglesia tienen “suficiente entidad para que haya una línea de trabajo específica” y que añadir otros casos “podría desvirtuar el buen fin y el éxito de la iniciativa”. Finalmente, interpretó que el ambiente necesario para la investigación no se da en el Congreso, y por eso defendió sacarla del “pimpampún” político. Aparte de que el Defensor del Pueblo presentará en la Cámara su informe de conclusiones.

Carmen Calvo empezó diciendo que nada le habría apartado de estar en la manifestación del 8-M más que sus obligaciones en la Cámara. Asumiendo como propios los argumentos del PNV, a quien agradeció haber introducido la iniciativa dentro de su cupo legislativo, ella postuló “poner a las víctimas por delante absolutamente de todo”, que con expertos los trabajos irán más rápido, dejando la política para después.

Calvo subrayó que la Iglesia ”ha cambiado de posición” y está dispuesta a colaborar, algo que, dijo, le demandarán “muy estrictamente” desde la potencia del Estado. “No es una comisión que esté fuera de los poderes públicos”, remarcó ante la habitual reivindicación de Unidas Podemos de que debe ser el Estado quien compense a las víctimas. Además, prometió respetar que cada una quiera exponer su caso de forma pública o privada, frente a la convicción de UP de que muchas víctimas prefieren la primera opción.

ENMIENDAS

Por Unidas Podemos, su presidente, Jaume Asens, agradeció a las víctimas haber dado un paso al frente y perdido el miedo. ”Estos delitos no han prescrito en vuestra memoria. Vuestras secuelas no prescriben nunca”, les dijo, afirmando que los hechos interpelan a todos, y que tienen culpables y encubridores.

Recordó que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu “movieron ficha” con su propuesta de comisión parlamentaria registrada el 26 de enero, pero dijo que no hay nada de lo que enorgullecerse. Por un lado, por haber llegado tarde, y por otro, por el “espectáculo” dado por los partidos no haberse aceptado su invitación a hacer compatibles ambas propuestas, la parlamentaria y la no parlamentaria. Finalmente, alertó de que esta última podría ser “un parche impotente”, a diferencia de una “comisión de la verdad” con poder legislativo, que era el fin último de Unidas Podemos.

En nombre de ERC, Carolina Telechea señaló que reconocer la labor social de la Iglesia “no es incompatible” con reconocer los casos de abusos y que “los poderes públicos han mirado para otro lado”. Según contrapuso, en otros países han sido el Gobierno, la Iglesia o los tribunales quienes han realizado las investigaciones, y en el Parlamento catalán su partido, la CUP y los Comunes han abierto una comisión parlamentaria. La comisión del Defensor del Pueblo, dijo, está ”descafeinada” porque no responde a la demanda de muchas víctimas de hacer público lo que les ocurrió.

Por EH Bildu, la diputada Bel Pozueta agradeció a las víctimas que, “en un ejercicio de increíble valentía”, han empezado a contar las cosas para que “se ponga fin al manto de impunidad” que protegió a la Iglesia. Frente a la oposición entre una comisión parlamentaria y otra extraparlamentaria, quiso poner en valor los puntos en común, como los de “romper el silencio” y respetar a quienes quieren mantener la intimidad.

“Creemos sinceramente que debemos respetarlas a todas ellas”, apuntó, instando a los grupos parlamentarios a que todas las víctimas puedan expresarse con libertad de la manera que quieran, con una comisión parlamentaria específica no permanente, que es el objeto de la enmienda de EH Bildu. “Esperamos que no se les niegue la posibilidad de hacerlo públicamente a quienes así lo deseen”, emplazó al PSOE y el PNV.

La enmienda del PP para investigar todos los casos de abusos y no los de la Iglesia sí y otros no, a la que ya hizo referencia la ponente del PNV, la defendió Macarena Montesinos, quien alertó contra el peligro de que haya unas víctimas de primera y otras de segunda. Recordó que en noviembre el PP ya pidió al Defensor del Pueblo que investigara los abusos a menores tutelados por administraciones públicas con el “silencio cómplice” de éstas, y denunció el “doble rasero habitual de la izquierda, que es el sectarismo”. Por eso, pidió que al menos las conclusiones de la comisión que se cree ahora se apliquen también a aquellos otros casos.

A FAVOR Y EN CONTRA

A favor de la iniciativa del PSOE y el PNV se mostró Ciudadanos, cuya diputada Sara Giménez recordó que este partido propugna investigar todos los casos de abusos sexuales, ya sean en la Iglesia, o en los centros de menores de Baleares, la Comunidad Valenciana o la de Madrid, a la que no se había referido Montesinos.

Recordó que la Ley de Protección Integral de la Infancia obliga a investigar y reparar casos de abusos sexuales a los niños, pero a la vez reprochó a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, heredera de esa ley de su predecesor, Pablo Iglesias, por negarse a comparecer por los abusos en comunidades autónomas alegando que no es su competencia. Por su parte, al PP y Vox les recriminó poner por delante sus creencias católicas para proteger a la Iglesia.

También a favor se posicionó el PDeCat, cuyo diputado Genís Boadella, quien defendió el “método de las informaciones veraces y el rigor” de la comisión de expertos, que, según vaticinó, permitirá a los diputados legislar mejor al respecto. También el diputado del BNG, Néstor Rego, avanzó que apoyaría la iniciativa del PSOE y el PNV pero también la enmienda de Unidas Podemos, ERC y EH BNG, por las limitaciones que tiene, a su juicio, la comisión del Defensor del Pueblo. No así la del PP, que cree que pretende “dispersar la atención”.

En contra se pronunció JxCat, cuyo diputado Josep Pagès apostó por la comisión de la verdad que quería Unidas Podemos y atribuyó al “nacionalismo español” haberse opuesto a la investigación a la Iglesia. “Se debe ir a máximos, no valen los caminos intermedios que no aseguran una solución efectiva”, sentenció.

Terminó el debate, también anunciando su voto en contra, el diputado de Vox José María Sánchez, quien reconoció la “gravedad moral” del tema, pero apuntó que “no debería ser objeto de un tratamiento político” según lo que convenga a los partidos. “Esos comportamientos criminales deben ser juzgados por los jueces”, recomendó, recordando que la Ley de Protección Integral de la Infancia amplió el plazo de prescripción para que éste cuente desde los 35 años de la víctima.

También calificó de “extraño” el recurso al Defensor del Pueblo, que en España puede fiscalizar a las administraciones públicas, a las cuales no pertenece la Iglesia. Finalmente, lamentó que el único objeto sea la Iglesia y no el ámbito educativo, deportivo o artístico, donde también se han producido abusos a menores. Además, recordó que la Iglesia sí ha iniciado una investigación sobre los registrados en su seno.