Esta posibilidad fue acordada hoy por el pleno del Senado, que aprobó una enmienda transaccional suscrita por todos los grupos parlamentarios en el debate del dictamen de la omisión Constitucional en relación con el proyecto de ley reguladora de la utilización y el control de los créditos destinados a gastos reservados.

Hasta la fecha, el Tribunal de Cuentas no contaba con un mecanismo legal para fiscalizar inmediatamente las irregularidades producidas en la utilización de estas partidas ocultas.

El Grupo Popular del Senado presentó una enmienda para que la comisión de control de estos gastos remitiera un informe anual a este órgano fiscalizador, en el que se reflejaan todas las incidencias que fueran detectadas en la aplicación y uso de los fondos reservados.

Finalmente, los populares consiguieron el apoyo del resto de los grupos para permitir la posibilidad de que cada año dicha comisión tenga la potestad de remitir un informe tanto al presidente del Gobierno como al presidente del Tribunal de Cuentas.

El proyecto de ley de utilización de los fondos reservados establece en su artículo 7 que dichas partidas estarán sujetas al control del Congreso de los Diptados, a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara y aquellos diputados que tengan acceso a secretos oficiales.

Igualmente, recoge la obligación de los titulares de los ministerios que tengan asignadas partidas de gastos reservados a informar semestralmente a la comisión sobre la aplicación y uso de tales fondos.