El principal escollo es el financiero, ya que el Ejecutivo canario solicita 100.00 millones repartidos en cinco años, cifra que es rechazada de plano por el Ejecutivo central. Lo que sí se acordó es que el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) será cogestionado por ambas administraciones.

De momento se aleja la posibilidad de que el PIEC se ponga en marcha en los primeros meses de 1995, ya que el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, descartó que dichas partidas se incluyan en los presupuestos del próximo año.

El vicepresidente del Gobierno canaro, José Mendoza, que copreside la comisión con Saavedra, explicó que el único documento firmado se refiere al estudio de financiación y coordinación de programas de promoción de empleo, aunque fuentes del Gobierno central manifestaron que será decisión del Ministerio de Economía y Hacienda la posibilidad de que se destinen partidas extraordinarias a estos conceptos.