El fiscal europeo investigaría los delitos de fraude que se cometen dentro de las fronteras comunitarias y se aseguraría de que los asos fueran correctamente juzgados en cada país. "Tenemos una clara necesidad de contar con un fiscal público europeo", afirmó una fuente de la Comisión, "y tenemos el derecho de proponer lo que creemos que es necesario".

Pero, a pesar de que algunos países, como Alemania, Francia, Holanda o Suecia, han acogido favorablemente la propuesta, los gobiernos nacionales ya han avisado a la Comisión de que no se plantearán este tema en las actuales negociaciones de la Conferencia Intergubernamental. Insistenen que la CIG está reservada para las reformas institucionales que posibiliten la ampliación europea.

Además, otros países, como Gran Bretaña o Irlanda, no ven con buenos ojos la creación de un fiscal, que transferiría quizás demasiadas competencias a la Comisión. Estos países creen que la Oficina Europea Anti-fraude, que sólo tiene seis meses de funcionamiento, no ha tenido el tiempo suficiente como para saber si es necesario un fiscal o no.

La Comisión admite la gran dificultad de que su propueta salga adelante. "Estamos hablando de darle al fiscal competencias federales y ya sabemos como los Estados miembros reaccionan cuando pronunciamos la palabra 'federal'", indicaron las mismas fuentes.

Pero la Comisión insistirá porque considera que el fiscal europeo es la única forma de frenar el aumento de los delitos de fraude que se aprovechan de la ausencia de fronteras entre los países de la UE.