El pasado 5 de mayo se procedió a la demolición de 10 construcciones, de las que se habían tramitado los correspondientes expedientes de Recuperación Posesoria del dominio público marítimo-terrestre "indebidamente ocupado", que ya son firmes en vía administrativa, y en los que sus ocupantes habían accedido al desalojo voluntario, según informó hoy el departamento que dirige Cristina Narbona.

Estas ocupaciones impedían que otros ciudadanos disfrutasen de esa franja del litoral, destacó el ministerio. Se trata de viviendas ilegales, que casi en su totalidad son segundas residencias que se utilizan para pasar fines de semana y períodos vacacionales.