Así se afirma en un informe sobre "Corrupción, comercio internacional y compras públicas" realizado por Rafael Domínguez Pabón, un experto de la Dirección General deComercio Exterior que publica el último número del Boletín de Información Comercial, del Ministerio de Economía, al que tuvo acceso Servimedia.

Ese es el caso, señala el informe, "de países como Alemania, Paises Bajos, Francia, Grecia, Austria y Bélgica, entre otros, en los que la deducción se permite a condición de probar que el soborno era necesario para conseguir el contrato, lo que suele llevar implícito la necesidad de revelar el nombre del extranjero corrupto".

Asimismo, "en los paises nórdcos se permite la deducción cuando los sobornos son costumbre en el país del receptor del soborno. Ello se explica por el principio fiscal de que todo gasto necesario para obtener una renta sujeta a gravamen ha de ser considerado como gasto deducible".

Según el autor del informe, resulta que "además, la deducción fiscal del soborno es visto como un elemento de competitividad, al abaratar relativamente el coste de acceder al mercado público extranjero".

A su juicio, "ello puede explicar, por ejempo, que en Alemania se haya prohibido recientemente la deducción fiscal por soborno a un nacional, pero sigue siendo posible la deducción fiscal por sobornos en el extranjero".

En España la situación es distinta. "España no tiene, en su Código Penal, elementos que permitan la penalización del soborno transnacional. Sin embargo, la Hacienda española sí que penaliza fiscalmente los sobornos a agentes extranjeros al no permitir su deducción".

Según el informe, Estados Unidos está presionando en el ámito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la OCDE para que los demás paises de estas organizaciones sean tan rigurosos como ellos en la persecución de los pagos ilegales, ya que su legislación persigue los sobornos transnacionales realizados por ciudadanos y empresas norteamericanas.

El problema radica en que, en general, los paises de la OCDE persiguen a los funcionarios públicos propios que reciben sobornos y a quienes intenta corromperlos, pero no ocurre lo mismo cuando esa práctica serealiza para entrar en mercados extranjeros. Ello se debe al principio de extraterritorialidad, según el cual los delitos cometidos por los nacionales fuera de sus froneras deben ser resueltos por los tribunales del país implicado.

El autor señala que, aunque los paises de la OCDE se comprometieron recientemente a adoptar medidas para moderar estas prácticas, "las negociaciones en el seno de la OCDE tomarán su tiempo, y los resultados de un hipotético acuerdo multilateral de compras públicas en la OMCpueden ser limitados".

El informe incluye el resultado de una reciente encuesta sobre "Indice de Percepción de la Corrupción", según la cual empresarios de todo el mundo consultados veían como el país menos corrompido para realizar negocios a Nueva Zelanda, con 9,43 puntos sobre un máximo de diez.

El país peor clasificado es Nigeria, en tanto que España se situaba con 4,31 puntos en la mitad baja de la tabla, por debajo paradójicamente de todos los paises europeos que permiten la deducción fiscalde los sobornos realizados en el extranjero.