Alberto Estévez, coordinador de la Campaña por la Transparencia en el Comercio de Armas de Amnistía Internacional, manifestó hoy a Servimedia que la proposición "es un paso adelante, pero debe ser acompañada de otras medidas imprescindibles como la comunicación previa a la exportación, para evitar violaciones de los derechos humanos en los países de destino".

Amnistía Internacional defiende que la medida no tendrá valor efectivo si no sirve para prevenir los atropello a los derechos humanos, por lo que ha propuesto que la información que se dé al Congreso sea cada trimestre y siempre antes de la exportación, para que el Parlamento pueda pedir acciones cuando existan indicios de que el armamento puede emplearse en reprimir a la población civil.

Las ONGs que coordinan la campaña de transparencia de venta de armas -Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Intermón y Greenpeace- tienen constancia de que España exporta armamento por valor de entre 60.000 y 80.000millones de pesetas anuales.

RECEPTORES CONFLICTIVOS

Entre los países receptores están Turquía, Marruecos, China e Indonesia, "que no son precisamente paraísos en materia de derechos humanos", explicó Estévez.

Amnistía defiende que una trasparencia mayor ayudaría a evitar casos como el que descubrió la organización en mayo de 1994, cuando 39.000 kilos de armas fueron exportadas a Ruanda a través del aeropuerto de Barajas y parte de ellas acabó en manos de milicianos de Goma (Zaire).

Si com es previsible, el Congreso aprueba mañana la proposición no de ley consensuada por el PP y CiU, el Gobierno deberá informar cada seis meses a la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso sobre el comercio y la exportación de armas a otros países.

La Cámara Baja conocerá, a través de la Junta Interministerial de Material de Defensa (JIMDDU), las sanciones y embargos a los que organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea puedan someter a determinados países.