En un comunicado de prensa, el departamento que dirige Javier Gómez Navarro, precisa que el pronunciamiento del Constitucional afecta a la ley de 1911 y el decreto ley de 1929, que obligaban a la adscripción obligatoria de ls empresas a las cámaras.

Al plantearse las cuestiones de constitucionalidad sobre estas normas ya derogadas y no sobre la ley de 1993, que en el momento de presentarse las demandas no había sido elaborada, ésta "sigue por lo tanto vigente".

Asegura que el Gobierno toma nota de la sentencia que estudiará con el tiempo y la profundidad necesaria y "seguirá velando por el mantenimiento de la seguridad jurídica y el ordenado discurrir de la vida de las cámaras".

Asímismo, alaba la labor de las ámaras de Comercio, ya que "son instrumentos de vertebración social y económica, de animación de la vida económica en los municipios en los que se encuentran, desempeñando importantes funciones de interés público".

"El Gobierno", añade la nota, "valora la contribución de las Cámaras de Comercio a la vida económica del país y desea su fortalecimiento para que sigan prestando los servicios que le son propios", indica.

Comercio hace hincapié en que estas instituciones juegan, en los países comunitaros "un papel similar e, incluso, de mayor y singular importancia, lo que indica su sintonía con la cultura empresarial europea".