El presidente de ACIE, Jordi Sarrias, aseguró en rueda de prensa que "la tarifa compite deslealmente con la comercialización" y que, "no reconocer el déficit de comercialización pondría en riesgo la continuidad de la actividad de comercialización, y por tanto supondría una infracción de la directiva europea 2003/54".

Para reconocer este déficit de comercialización, el Gobierno tendría que aprobar un marco legal que hoy día no existe, según la solicitud que los comercializadores han enviado a la Secretaría General de Energía.