Estas afirmaciones constan en un auto hecho público hoy por el Supremo, en el que se rechaza un recurso presetado por el abogado del Estado, que pedía que las ayudas ya cobradas debían ser descontadas de las indemnizaciones acordadas en la sentencia de la colza.

El auto rechaza el recurso interpuesto por el Estado por una cuestión técnica, ya que no se puede recurrir algo que ya ha sido sentenciado en firme por el Supremo. Además, el escrito va más lejos y afirma que "las prestaciones que fueron concedidas en el Real Decreto de 18 de junio de 1982 no eran de carácter indemnizatorio, sino exclusivamente asistncial".

Para la máxima instancia judicial, el dinero anticipado a los perjudicados lo fue como "ayuda familiar complementaria que garantiza ciertos ingresos mínimos a las unidades familiares", y esto no implica "indemnización por los perjuicios sufridos".

ULTIMO PASO

En este punto del proceso, que dura ya más de 16 años, sólo falta un último recurso por resolver, antes de que los afectados puedan comenzar a tramitar el cobro de sus indemnizaciones.

Se trata de otro escrito presentado por e abogado del Estado en el que rechaza que las ayudas ya entregadas por el Ejecutivo como avance de la indemnización -que también existen- tengan que ser actualizadas ahora en virtud de la subida del IPC en los últimos años.

El fiscal del Supremo ya se ha mostrado contrario a esta solicitud, por lo que muy previsiblemente los magistrados resolverán esta cuestión en los próximos días, nuevamente a favor de los afectados.

Todo parece indicar que 17 años después de los hechos, los más de 20.000 afectdos por el consumo de aceite de colza desnaturalizado podrán en breve comenzar el trámite para cobrar sus indemnizaciones, cifradas casi en medio billón de pesetas. De momento, los presupuestos generales del Estado para 1999 sólo prevén para esta cuesión poco más de 6.000 millones.