En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso ervimedia, se rechazan los recursos presentados por dos acusaciones y por el abogado del Estado, que cuestionaban si las cantidades recibidas por los afectados antes de la sentencia lo fueron en concepto de indemnizaciones o de prestaciones asistenciales.

La presentación de estos recursos y su resolución definitiva paralizan el pago de las indemnizaciones a los afectados fijado en la sentencia.

El abogado del Estado consideraba que eran indemnizaciones, mientras que el fiscal asegura con rotundidd que se trató de prestaciones asistenciales derivadas de la situación creada con ocasión del síndrome tóxico.

"Cuando se trata de reparación indemnizatoria, solamente alcanza a aquellas personas que de modo directo han experimentado el daño. En cambio, en las prestaciones a las que se refiere el Real Decreto de 18.06.1982 (ayudas colza), los destinatarios son los miembros de la unidad familiar y de acuerdo con sus propias necesidades", insiste el fiscal.

Todo parece indicar que esta argumentació será la que siga la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que, cuando cierre definitivamente este proceso de recursos, dará lugar al inicio del cobro de las indemnizaciones, cifradas en casi medio billón de pesetas para más de 20.000 personas.