Como consecuencia de ese encuentro, García-Pablos y el letrado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ignaco Uriarte, han redactado un informe en el que concretan las decisiones administrativos a que obliga la reciente sentencia sobre el aceite tóxico del Tribunal Supremo, para que el Defensor las acelere y controle.

Según manifestó a Servimedia García-Pablos, éste representa a más de 5.000 afectados, mientras la OCU, que nació prácticamente como consecuencia del envenenamiento masivo, defiende a más de 2.000.

Los principales asuntos planteados al Defensor del Pueblo se refieren al censo de afectados,la cuantía de las indemnizaciones, las partidas presupuestarias que el Gobierno deberá habilitar, los forenses disponibles para poder acreditar la condición de afectado y los mecanismos ágiles de pago que se pueden habilitar.

"Hay varios censos que pululan por ahí. Uno es el de la Audiencia Nacional, otro es el del Insalud, otro es el que manejan asociaciones. La sentencia se refiere al censo oficial y a los anexos correspondientes. Pues hay que saber cuál es ese censo y qué dicen los anexos", señaló arcía-Pablos.

Una vez determinados quiénes son los afectados, unos tendrán un derecho reconocido a percibir indemnización y a otros se lo tendrán que acreditar, pero en la Audiencia Nacional sólo hay dos forenses. La Administración deberá aumentar el número de facultativos para la ocasión, apuntó el letrado, quizá aprovechando la actual Oficina de Prestaciones del Síndrome Tóxico o creando otra aparte.