Estas fuentes explicaron que la vista se celebrará en sesiones de lunes y martes, aunque todavía no está concluído el calendario del juicio, que se prolongará durante varias semanas dada la complejidad del sumario, que consta de varias decenas de miles de folios, y el número de testigos.

Además, la causa cuenta como prueba documental con el sumario principal por el envenenamiento con el aceite de colza, integrada por u millón de folios repartidos en 250 tomos. Por este sumario fueron condenados por el Tribunal Supremo varios aceiteros a penas que oscilan entre los 10 y los 77 años de cárcel.

Durante el juicio, el fiscal del caso solicitará al tribunal la libre absolución de los 7 ex altos cargos, que fueron procesados por el juez Carlos Bueren por los delitos de imprudencia temeraria y contra la salud pública, ya que, a juicio del representante del ministerio público, no incurrieron en ningún tipo de delito.

ABSOUCION

Según expuso el fiscal en un escrito por el que solicitó en enero del pasado año el sobreseimiento de esta causa, de lo actuado en ella "se desprende que ningún cargo de la administración estatal o municipal se le pueda imputar, tanto por dolo o por culpa, el delito de estafa" que les achacan las acusaciones particulares.

Además, destacó que la sentencia que condenó a los aceiteros como responsables del envenenamiento de 25.000 personas, de las que murieron unas 650, afirmaba que la causa d la enfermedad fue la distribución y venta de un producto no autorizado y manipulado.

Por ello, a su juicio, todas las personas que han intervenido con anterioridad a su distribución, como es el caso de los ex altos cargos, "no son responsables de la misma y sí lo son las que han puesto a la venta un producto de tráfico no autorizado y que además ha sido manipulado".

Así, afirmó que las conductas de los funcionarios de la Administración "no pueden ser consideradas como causas de la enfermedad" y olicitó el sobreseimiento.

Esta petición del fiscal, que coincide con la postura del abogado del Estado, fue muy mal acogida por los afectados por el síndrome tóxico, que acusan a los ex responsables de la Administración de la comisión de delitos de estafa, contra la salud pública y de imprudencia temeraria, y solicitan el pago de unas indemnizaciones que ascienden a miles de millones de pesetas.

RESPONSABLE SUBSIDIARIO

En el auto por el que ordenó el pasado mes de agosto la apertura del juiciocontra los ex altos cargos, el juez Bueren declaró al Estado como responsable civil subsidiario del pago de las indemnizaciones en caso de insolvencia de los acusados, y las cuantificó.

Así, indicó que las indemnizaciones deberán ser de 15 millones de pesetas por fallecimiento, 90 millones para los afectados de gran invalidez, 60 millones para los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo y 15.000 pesetas por cada día de lesión para cada lesionado-afectado.

Lo procesados en este sumario son Miguel Hernández Bolaños, director del Laboratorio Central de Aduanas cuando ocurrieron los hechos; José Guillo Fernández, director general de la Competencia y Consumo y comisario general de Abastecimientos y Transportes, así como Federico Povedano Alonso, jefe de la Sección de Importación de Productos Agrícolas y Transformados.

Asímismo, también están inculpados Antonio Bardón Artacho, jefe de Defensa contra Fraudes; Casimiro Palacios Rodríguez, concejal de Sanidad en l Ayuntamiento de Alcorcón; Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valladolid, y Roberto Conty Larraz, subdirector general de Alimentación.

El sumario contra los altos cargos comenzó a tramitarse hace 9 años y el 25 de mayo de 1990 el juez Bueren decretó la apertura de juicio oral. Sin embargo, esta decisión fue recurrida por los procesados, que alegaron indefensión al haber declarado como testigos y no como imputados ante el magistrado, por lo que la Audiencia Nacional dejó sn efecto el auto de Bueren.

Finalmente, el juez concluyó el 9 de febrero pasado el "sumario de los altos cargos", ordenando la apertura de juicio oral contra los 7 procesados el 29 de agosto pasado.

En la actualidad, está pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo un recurso de queja interpuesto por uno de los procesados por estimar que no es competencia de la Audiencia Nacional juzgar esta causa.