Para desarrollar esta estrategia de reinserción laboral, dirigida a los desempleados que tengan pérdida parcial de la capacidad laboral, el Ejecutivo estimulará a los empleadores con exenciones tributarias tanto en el pago de renta como en aportes parafiscales que todas las empresas hacen al Régimen del Subsidio Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los empresarios podrán deducir de la renta hasta el 200% de los salarios y prestaciones que paguen.

Además, las empresas que se vinculen al programa tendrán prioridad en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos (sean públicos o privados), si tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados con discapacidad, contratados por lo menos con anterioridad a un año.

El Estado también primará a los empresarios con créditos y subvenciones de organismos estatales, cuando éstos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con discapacidad.

Asimismo,la cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un 50%, si los contratados son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%.