El nombre de esta localidad, que también quiere optar a tener en sus terrenos una prisión, fue anunciado esta mañana por Jaime Lissavetzky, portavoz del Gobierno regional, quien puntualizó ue "todavía no hay ninguna decisión final".

El Ministerio de Justicia sigue defendiendo la construcción de una prisión para 2.000 internos, pero el Gobierno regional quiere que se cumpla el acuerdo inicial, una cárcel de 700 plazas.

Así lo expresó el portavoz del Ejecutivo autónomo, que señaló que "seguimos defendiendo que se cumpla el primer acuerdo". También defendió el reparto de estas instalaciones por los diferentes puntos de la región, con el fin de conseguir un mayor equilibrio territorial

Por último, Lissavetzky precisó que "estamos trabajando" para hallar una solución definitiva a la construcción de la futura cárcel madrileña, por lo que continúan los contactos con diferentes pueblos de la CAM.