Carlos Collado realizó esas declaraciones después de conocer el informe de los servicios jurídicos de la comunidad, que no encuentra fundamento que justifique como conclusión la existencia de un exceso por el precio pagado por la acciones de Agrovial, que se abonó como consecuencia del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno tras la tramitación del oportuno expediente.

Según el presisdente murciano, esa decisión de la Asamblea confirma la posición sostenida por la comunidad de que "es a los tribunales de justicia a quien corresponde dirimir este tipo de cuestiones".

El presidente murciano habló después de que la Comisión de Economía de la Asamblea regional decidiera ayer, jueves, remitir al Tribunal Superior de Justiia la trascripción de las comparecencias efectuadas hasta la fecha para esclarecer la compra de los terrenos cedidos a General Electric la documentación obtenida por la misma al considerar que puede existir un delito de prevaricación otro de malversación de fondos públicos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Ramón Calero, dijo hoy a Servimedia que tras la comparecencias los documentos públicos examinados, "ha quedado claro que se le ha causado un perjuicio a la comunidad autónoma de 1.50 millones de pesetas, ya que la comunidad compró las acciones de la sociedad Agrovial valoradas en 500 millones de pesetas, por 2.034 millones".