En declaraciones a Servimedia, el portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, calificó de "escándalo" la decisión de sancionar con dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, como consecuencia del expediente que le fue abierto por el llamado "caso Mari Luz".

Lara, que recordó que el Colegio se había abstenido hasta ahora de "decir nada" sobre el caso, reconoció que, una vez conocida la sanción, están "absolutamente indignados" porque la decisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, es un "escándalo".

Según el portavoz del Colegio de Secretarios Judiciales, la decisión de Bermejo "tiene que dejar absolutamente intranquilos a los ciudadanos" porque el titular de Justicia se está dedicando a "cortar cabezas, como la de Gálvez, en vez de solucionar la carencia de medios humanos y organizativos" de la que adolece la Administración de Justicia Española.

Por eso, reclamó al Ministerio que aplique la reforma legal que en 2003 impulsaba la "modernización de la justicia" y que establecía, entre otras cosas, la necesidad de de limitar claramente el reparto de competencias entre los trabajadores de la Administración judicial.

"Cinco años después de la reforma estamos igual" , los expedientes siguen acumulándose en los "pasillos e incluso en los baños" de los juzgados, mientras Bermejo se dedica a "cortar cabezas" para "tranquilizar a la opinión pública", señaló.

Por otra parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales difundió un comunicado en el que coincide con el Colegio en lamentar "los ataques, rumores y acoso de que ha sido víctima" su compañera de profesión "por parte de diversos sectores judiciales y del propio Ministro de Justicia".

La Unión también "rechazó" este supuesto "escarmiento ejemplar, a todas luces desproporcionado y destinado sólo a satisfacer a la opinión pública" y exhortó "a las Administraciones Públicas competentes a asumir sus respectivas responsabilidades y a dotar a los órganos judiciales de medios materiales y personales adecuados para un funcionamiento digno".