El proyecto aprobado hoy prohibe a los colegios de médicos, abogados o arquitectos establecer los honorarios mínimos que deben cobrar sus afiliados y reconoce el derecho de los profesionales colegiados a ejercer en toda España y a hacer publicidad de sus servicios.

Los responsables del colegio aparejadores amenazan con iniciar cuantas medidas consideren oportunas para garantizar la supervivencia de este organismo y del empleo de sus trabajadores.

Según el presidente del colego de aparejadores, Eduardo González-Velayos, es una falacia afirmar que las tarifas libres sean sinónimo de abaratamiento, "muy al contrario producirán un encarecimiento de la vivienda, un aumento de la presión fiscal al contribuyente y el riesgo de una menor seguridad en la construcción".

González-Velayos indica que el proyecto "afirma sin rubor que los colegios han sido una rémora para la modernización del país o que se nos tilde de 'cartels' en la más peyorativa de sus acepciones".