El acuerdo recoge que el ejercicio de la abogacía se realizará en régimen de libre competencia y, sin perjuicio de la legislación general y específica que le es aplicable, estrá sujeto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal.

Asimismo, señala que cualquier acuerdo, decisión o recomendación de los colegios de abogados o de los consejos de colegios de las comunidades autónomas que tenga trascendencia económica observará los límites del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. La competencia de los colegios será establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente oientativo.

Otro punto de este acuerdo indica que para el ejercicio de la abogacía en todo el territorio del Estado bastará la incorporación a un sólo colegio de abogados, que habrá de ser el del domicilio profesional único o principal del abogado.

Finalmente, recoge que los abogados que ejerzan ocasionalmente en el territorio de un colegio diferente de aquel a que estuviesen incorporados, habrán de comunicar el asunto en que vayan a intervenir al colegio en cuyo ámbito ejerzan, a fin de quedar suetos, con las condiciones económicas establecidas, a las competencias de ordenación, control deontológico y potestad disciplinaria del mismo. La comunicación se hará a través del colegio al que estuviesen incorporados.