A través de un comunicado, el Colegio valenciano, tras una reunión de su Junta de Gobierno a petición de amparo del propio Ibor Asensi, reivindicó la libertad de todo abogado "para asumir la defensa de cualquier persona que solicite sus servicios, con independencia de la naturaleza de los derechos e intereses públicos o privados que se encuentren afectados".

La nota señala que esto es un derecho consagrado en la Constitución, al tiempo que añade que los letrados "deben guardar secreto profesional, no pudiendo revelar ningún hecho o noticia del que conozcan por razón de su actuación profesional".

Según esta institución valenciana, los derechos de los letrados y la obligación de mantener la confidencialidad "conforman, entre otros, el derecho de defensa, pilar del sistema jurídico de un Estado de derecho", aunque esto pueda perjudicar al propio abogado, ya que ve "limitado su propio derecho de réplica" en beneficio de su cliente.

Por este motivo, "la intervención profesional de un abogado debe ser valorada exclusivamente con arreglo a los principios deontológicos que la rigen, al margen de la repercusión que pueda tener en otros ámbitos a los que este Colegio es completamente ajeno".

En este sentido, la nota concluyó que la institución que representa a los letrados valencianos, en los casos en los que se cumplan los principios anteriores, "apoyará el Derecho de Defensa y al Abogado que la ejerce".